El proyecto de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Paraguay, en su recta final (IV)

Jul 13th, 2011

FUENTE: EDITORIAL TRAFICO VIAL:http://www.etrasa.com/etrasa/node/757

8) Sanciones. Clasificación de las infracciones. Penalidades. Casos de retención de licencias y vehículos. Aprehensión de personas.

El Proyecto establece diferentes tipos de sanciones que puede aplicar la autoridad competente, aclarando que son de cumplimiento efectivo, no podrán ser aplicadas con carácter condicional, ni en suspenso y consisten en:
a) Amonestación: sanción por la cual se hace notar la comisión de una falta, se identifica al infractor y se registra la misma en la Municipalidad y en el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.
b) Multa: sanción que consiste en el pago a la autoridad de aplicación de una suma de dinero determinada en jornales mínimos legales.
c) Inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de ellos: sanción que consiste en la suspensión del goce de las licencias otorgadas por las municipalidades para conducir vehículos, en cuyo caso se debe retener la licencia habilitante.
d) Suspensión de la licencia de conducir a través de la quita o retiro de puntos de acuerdo con el tipo y gravedad de la infracción, en las condiciones que establezca la reglamentación.
e) Concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Esta sanción puede ser aplicada adicionalmente a las demás.
f) Comiso de los objetos cuya comercialización, uso o transporte en los vehículos esté expresamente prohibido.

Al determinar la sanción, la autoridad de aplicación debe analizar todas las circunstancias generales a favor y en contra del infractor, y particularmente:
a) La forma de realización del hecho y los medios empleados.
b) La importancia de los deberes infringidos.
c) La relevancia del daño y el peligro ocasionado.
d) Las consecuencias del hecho.
e) Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor.
f) La conducta posterior a la realización del hecho. Y,
g) La actitud del infractor frente a las exigencias del derecho.

También se detallan los casos en que la autoridad competente debe proceder a la retención de licencias y vehículos:

a) Las licencias de conducir habilitantes, cuando:
1. Estuvieren vencidas, en cuanto a su vigencia quinquenal se refiere.
2. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
3. No se ajusten a los límites de edad correspondientes.
4. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación al tiempo de serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad debidamente habilitadas. Y,
5. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

b) A los vehículos:
1. Cuando su conductor habiendo participado en un accidente de tránsito haya pretendido darse a la fuga.
2. Cuando no se encuentren legalmente habilitados, carezca del documento acreditativo o se encuentre vencido.
3. Cuando no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria o no cuenten con la constancia de haber aprobado la revisión técnica obligatoria. 4. Cuando no cuenten con cobertura vigente del SOAT y/o el distintivo adhesivo que lo acredite.
5. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo.
6. Cuando se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de cargas en general o de sustancias peligrosas, ordenando el desalijo de la carga excedente del vehículo utilizado en la comisión de la falta.
7. Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos, o con exceso de pasajeros y/o carga transportada.
8. Cuando estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, cuando ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; cuando fueren abandonados en la vía pública

Casos de aprehensión de personas:
• Conductor alcoholizado o bajo efectos de sustancias enajenantes
• Conductor con defectos físicos (siempre que no esté autorizado), psíquicos o de agotamiento
• Conductor sin licencia de conducir o estando inhabilitado para hacerlo
• La aprehensión no podrá exceder de 6 horas
• Autoridad de aplicación competente deberá entregar inmediatamente la persona a la autoridad policial más cercana, debiendo ésta comunicar dicha aprehensión al Ministerio Público y al Juez Penal de Garantías.
• La Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que sea requerida por el Juzgado de Instrucción o Sumariante o por la máxima autoridad de la dependencia interviniente para el cumplimiento de la presente ley.

Obligación de sometimiento a pruebas.

Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por sustancias enajenantes para conducir.

La negativa a realizar la prueba constituye falta gravísima, salvo prueba en contrario.

Está prohibido a todo conductor guiar su rodado habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para la conducción de todo tipo de vehiculo, cualquiera sea la concentración por litro de sangre (conf. Resolución N° 51/09 del MOPC referida a las normas para el control de alcoholemia para la conducción de vehículos automotores que transitan por las rutas del país).

Los médicos que detecten en sus pacientes una enfermedad, intoxicación o pérdida de función o miembro, que tenga incidencia en la idoneidad para conducir vehículos (afecten los reflejos), deben advertirles que no pueden hacerlo o informarán las precauciones que deberán adoptar en su caso. Igualmente, cuando prescriban drogas que produzcan tal efecto.

9) La implementación del objetivo específico de diseñar e implementar un sistema de financiamiento sostenible para la seguridad vial se dirige a lograr identificar y establecer mecanismos financieros que garanticen recursos suficientes y sostenibles para la seguridad vial. Con tal fin se proponen los siguientes objetivos operativos o medidas:

a) Las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto o leyes especiales.
b) Un porcentaje sobre las tasas y multas administrativas que se establezcan en acuerdo con las municipalidades en materia del sistema único de infracciones, licencias de conducir y otros servicios administrativos.
c) La contribución obligatoria no inferior al tres por ciento (3%) sobre las primas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros, quienes actuarán como agentes de retención, debiendo depositar mensualmente los fondos en una cuenta habilitada al efecto a nombre de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

La seguridad vial debe tomarse como una verdadera Política de Estado con un fuerte compromiso de parte de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y que trascienda los gobiernos de turno. Y para ello es necesario que la ley máxima de administración, o sea el Presupuesto de la Nación disponga una asignación específica y ordinaria de afectación destinada a la seguridad vial.

El Paraguay requiere con urgencia la elaboración, implementación y posterior seguimiento de programas de acción sustentable, orgánicos e integrales a corto, mediano y largo plazo en materia de prevención y seguridad vial, y no “políticas de shock” o de impacto mediático que reaccionen ante el clamor popular con respuestas automáticas, superficiales, coyunturales e irreflexivas, sin la debida y necesaria profundidad y debate que el tema amerita.

Y en ese sentido creo que con este Proyecto de Ley de Tránsito y Seguridad Vial vamos por buen camino…

Autor: Dr. Martín Diego Pirota. Abogado Especialista en Derecho de Daños (Universidad de Belgrano – Argentina y Universidad de Salamanca – España). Web site del autor: www.martindiegopirota.com.ar – Consultor designado por el Banco Mundial para actualizar la Ley Nacional de Tránsito en el marco del Programa de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay, “Ñamopora Ñanderape” – Préstamo BIRF N° 7406-PA.
Con la valiosa y calificada colaboración del Dr. Juan Alberto Köhn Gallardo. Abogado de la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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